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Publicada el: 27 de Agosto del 2011, 11:28:43 am
Unidad de Antilavado de Activos del Ministerio Público incauta millones de inmuebles
Santo Domingo, RD.- La Unidad de Antilavado de Activos del Ministerio Público informó que en el tiempo que lleva en funcionamiento este organismo ha incautados alrededor de RD$ 3,500 millones de bienes muebles e inmuebles.

La información fue dada por la entidad al conmemoró el quinto aniversario de su fundación con la reinauguración de sus oficinas.

En el acto, el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, instó a los fiscales a trabajar de cerca con esa unidad, para que las acciones tendentes a perseguir la actividad delictiva del lavado de activos sea cada vez más eficaz y contundente.

El procurador expresó que se siente profundamente satisfecho con el trabajo que ha venido desarrollando a lo largo de estos cinco años el magistrado Germán Daniel Miranda Villalona, porque ha sido tesonero, persistente, transparente y honesto de cara al país.

Reconoció el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos para la efectividad de las labores, al tiempo de indicar que durante la trayectoria de cinco años los representantes de esa institución han sido aliados estratégicos fundamentales para el combate de esas acciones, que calificó de criminales.

Ponderó los avances de esa dependencia de la Procuraduría, que funciona adscrita a la Dirección Nacional de Persecución del Narcotráfico y la Criminalidad Compleja, que dirige su adjunto, el doctor Frank Soto, sostuvo además que tienen una enorme tarea por delante, ya que cada vez las modalidades del crimen organizado son mayores y no conocen fronteras.

El magistrado Jiménez Peña desde el inicio de sus funciones delineó un acuerdo estratégico para combatir el lavado de activos conjuntamente con varios organismos del Estado. Esa alianza le ha permitido coordinar e intercambiar informaciones relativas a investigaciones en curso sobre ese flagelo, así como prevenir acciones de este tipo en todo el territorio nacional.

De su lado, el magistrado Miranda Villalona hizo un recuento de las labores desarrolladas por el organismo desde su fundación. Dijo que en lo que va de año en sólo dos casos judicializados, Bertinio Solano (El Lento) y el caso Marte, han incautado más de RD$500 millones de pesos en muebles, inmuebles y productos bancarios.

Explicó que los trabajos fueron desarrollados de manera conjunta con las fiscalías de San Cristóbal y Santiago, más dos cooperaciones jurídicas internacionales con Francia y los Estados Unidos.

Puntualizó en este momento podemos anunciar que iniciamos una segunda etapa en la persecución del crimen de lavado de activos y por lo tanto nos comprometemos a seguir laborando en equipo y sin tregua en la lucha contra la delincuencia financiera.

Dijo que buscarán reforzar la protección contra las amenazas y ataques de cualquier naturaleza, seguridad para el personal y su familia y ampliar las condiciones de trabajo y salarial de todo el personal de la unidad en base a una evaluación del desempeño, tal y como lo contempla la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.

En el acto inaugural también participaron, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Christopher Lambert; el comisionado de Justicia, doctor Lino Vásquez; y el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), doctor Diego José García.

También, participaron, procuradores generales adjuntos, procuradores de cortes de apelación, fiscales, así como funcionarios y empleados de la institución.

Las acciones de la unidad antilavado se han llevado a cabo con la colaboración de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Consejo Nacional de Drogas (CND) y la Superintendencia de Bancos.

El magistrado Miranda Villalona ha participado en la persecución de seis casos de lavado de activos que ya adquirieron sentencias definitivas. Igualmente, ha sometido a algunas personas al procedimiento sancionador administrativo por ante la Superintendencia de Bancos y la Dirección General de Impuestos Internos, tal como pauta la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.

Entre los procesos que han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada figuran el caso Peravinter, en el cual los acusados están cumpliendo condena en el recinto penitenciario de Baní. Este caso envuelve bienes incautados por más de RD$55 millones. Esos fondos fueron pasados al Comité Nacional contra el Lavado de Activos, tal y como manda la Ley 72-02.

En el llamado caso de los hermanos Benítez, con la cooperación de Estados Unidos, se obtuvo la homologación de varios inmuebles, vehículos y un helicóptero.

Faltan otros bienes por ser homologados y en consecuencia se han realizado las diversas discusiones con las autoridades de los Estados Unidos, para establecer la forma de venta y cómo serán distribuidos esos recursos.

Otro caso fue el seguido en contra del señor Geert Pot, en cooperación jurídica con el Reino de los Países Bajos, donde la unidad antilavado recuperó diversos muebles e inmuebles.

Las autoridades holandesas dieron autorización judicial para homologar, licitar y repatriar esos recursos a favor de los 900 inversionistas víctimas en los Países Bajos, como el caso del ciudadano español, Rubén Ramón Ortega y/o Ricardo Diez Conde, con múltiples proyectos turísticos en Bávaro, provincia La Altagracia. Esos bienes están incautados por Antilavado.

Esta Unidad ha intercambiado experiencias en la lucha contra el lavado de activos con países del área como El Salvador y Perú.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas mediante resolución número 0000013, del 2 de febrero de 2006, y con el propósito de consolidar iniciativas tendentes a la prevención del lavado de activos, ha estado trabajando con solicitudes de cooperación jurídica internacional con países como Holanda, Estados Unidos, España, Francia, Colombia, Alemania, Brasil, Chile, México, Nicaragua y Panamá.

El organismo de la Procuraduría General en su lucha contra el lavado viene desarrollando una intensa actividad con más de cuarenta investigaciones en curso. En ese sentido, coordinan con varias procuradurías fiscales algunos casos que inciden en sus distritos judiciales.
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